El día de la toma de posesión del Gobierno de Susana Díaz, la jueza Alaya irrumpe de nuevo con sus autos e instrucciones que señalan a presuntos o posibles  imputados de relevancia política, en el caso de los ERES.  El principio de que ¡Todo ciudadano es inocente mientras no se demuestre lo contrario!, empieza a tambalearse porque la presunción de inocencia está convirtiéndose en presunción de culpabilidad, en muchos casos abiertos, en los que además de los jueces intervienen los juicios paralelos mediático y político que azuzan y jalean a los jueces implicados e incluso les meten prisa para que resuelvan el caso que a ellos les interesa.Creo que somos muchos los andaluces y españoles, por ende, que nos preguntamos ¿Quécasualidad? Cerca de elecciones, en plena campaña, el día de la toma de posesión del gobierno democrático de la Junta, ocurren estas llamadas desde sede judicial. En un sistema democrático  fuerte, los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, deben ser independientes y neutrales en sus actuaciones. Mucho nos tememos que determinadas actuaciones desde cualesquiera de los tres poderes, adolecen de esa independencia y neutralidad, que hace que muchos ciudadanos desconfiemos de algunas actuaciones políticas, judiciales y legislativas, pues, aplicando el sentido común, no son de recibo, máxime cuando vemos determinadas actuaciones muy duras de la judicatura contra, por ejemplo, el juez Garzón, al que por cierto, con todo lo que está saliendo sobre los casos Gurtel y Bárcenas, nadie se ha molestado en pedir la reparación del daño causado a la persona y a la carrera profesional de este magistrado. Menos corrupción, más transparencia política y actuaciones basadas en valores y principios éticos, y una justicia que sea justa, independiente e igual para todos, es lo que este país necesita en estos tiempos de crisis económica, y crisis moral y de valores.